Por la denuncia de Alberto Nisman, investigan a Julio De Vido, Oscar Parrilli, Carlos Zannini y Angelina Abbona

Por la denuncia de Alberto Nisman, investigan a Julio De Vido, Oscar Parrilli, Carlos Zannini y Angelina Abbona

Alberto Nisman está muerto. Pero a partir de hoy se reinicia la investigación de su denuncia contra a la ex presidenta Cristina Fernández, a la que acusó en enero del 2015 de liderar un “plan delictivo” para encubrir a los iraníes imputados por la Justicia como autores del atentado terrorista más grave de la historia nacional, la voladura la sede de la AMIA en 1994. La causa Nisman seguirá y profundizará la tesis delictiva que planteó su autor pero a través de otras autoridades judiciales. Este escenario se formalizó hoy.

El nuevo fiscal federal que tiene la instrucción del caso, Gerardo Pollicita, tomó una serie de medidas de prueba que abren una nueva etapa en esta trama. El juez de la causa es Ariel Lijo.

En el nuevo dictamen de Pollicita explica que se debe investigar a importantes ex funcionarios nacionales que Nisman no había incluido en su escrito original: dice que “Corresponderá” conocer “el rol que pudo haberles cabido en las maniobras denunciadas a otros funcionarios del anterior gobierno nacional, tal es el caso de Julio Miguel De Vido, Oscar Parrilli, Carlos Alberto Zannini y Angelina María Esther Abonna”.

Y da a entender que podría haber nuevos investigados o imputados en el expediente: “Ello, sin perjuicio que el avance de la pesquisa permita individualizar otros funcionarios y/o terceras personas que pudieran haber tomado participación en los hechos denunciados”.

Zannini fue el ex secretario Legal y Técnico de los Kirchner; Parrilli, el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI); De Vido, el ex ministro de Planificación Federal, y Angelina Abbona, la ex Procuradora del Tesoro, es decir, la jefa de todos los abogados del Estado.

El fiscal considera que estos ex influyentes miembros del entorno de Cristina Fernández pudieron tener un papel protagónico en la instrumentación de lo que Nisman consideró que fue la herramienta jurídica que la ex presidenta utilizó para intentar encubrir a los cinco ciudadanos de origen iraní imputados en el expediente AMIA, el “Memorando de Entenidimiento con Irán”, firmado entre su Gobierno y el régimen islámica de Mahmud Amedinejad en febrero del 2013. Los iraníes tienen pedidos de captura internacional de Interpol.

Pollicita estudió los audios de las intervenciones telefónicas que ordenó Nisman en vida, y que aprobó el juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral. En esas escuchas son mencionados los nombres de los funcionarios que ahora sumó a la causa.

El fiscal Pollicita ahondará más la pesquisa sobre ellos para saber si fueron protagonistas de lo que Nisman describió como un “plan encubridor” para resguardar la seguridad jurídica de los acusados de haber volado la AMIA, el mayor ataque terrorista que sufrió la Argentina. Murieron 85 personas y más de 300 fueron heridas.

Pollicita pidió 32 medidas de prueba.

Entre ellas, solicitó que todas las empresas que brindan servicios telefónicos le informen sobre qué líneas utilizaron o estuvieron a nombre de todos los imputados e investigados en el caso entre 2011 y el 2015.

Algo que también especificó muy especialmente en el caso de la ex presidenta Cristina Fernández: Pollicita pidió el “detalle de las líneas telefónicas instaladas en la Casa de Gobierno (sita en la calle Balcarce N° 50 CABA) que estuvieran asignadas a los despachos –y secretaría privada- que ocupara oportunamente la expresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, entre los días 1° de enero de 2011 y 9 de diciembre de 2015”.

Y también la misma “información” respecto “de las líneas telefónicas instaladas en la Residencia Presidencial de Olivos (sita en la calle Carlos Villafate 1000, Vicente López, provincia de Buenos Aires)”.

Esto incluye además a los teléfonos que utilizaban por ese tiempo el ex canciller Héctor Timerman; el ex piquetero Luis D’Elía, y el el líder del grupo de choque callejero Quebracho, Fernando Esteche, ambos interlocutores con los referentes de la comunidad iraní en la Argentina; el del ex fiscal Héctor Yrimia; el del diputado nacional Andrés Larroque; el del sospechado de ser un espía de la Argentina, Ramón “Allan Bogado”; y el del “representante” del régimen iraní con la dirigencia K, Alejandro “Yussuf” Khalil.

El dictamen de Pollicita de hoy incluye medidas de prueba para conocer los registros de visitas “de la Casa de Gobierno y la Residencia Presidencial de Olivos (correspondientes a todos sus accesos, y sitas en Balcarce N° 50 CABA y Carlos Villafate 1000, Vicente López, provincia de Buenos Aires), desde el año 2011 al 2015, respecto de las siguientes personas: Héctor Timerman, Julio Miguel De Vido, Oscar Parrilli, Carlos Alberto Zannini, Angelina María Esther Abbona, Luis Ángel D’Elia, Fernando Luis Esteche, Jorge Alejandro Khalil, Andrés Larroque, Héctor Luis Yrimia y Ramón Allan Héctor Bogado”.

Y escribió que quiere saber “qué área y/o funcionario con el cual se hubieran entrevistado” los involucrados en esta caso.

En febrero del 2015, tras la muerte de Nisman, su denuncia recayó en la fiscalía de Pollicita: ya en aquel entonces éste último había dado por válido el escrito presentado por su colega antes de fallecer de modo aun indeterminado, y elevó al juez del caso, Daniel Rafecas en aquel momento, 45 medidas para recolectar pruebas.

Entre ellas se encontraban tomar declaraciones testimoniales a funcionarios de la Cancillería, a periodistas, ex funcionarios, y también solcitó que se revisen las visitas a la Casa Rosada durante los días en los que los imputados por Nisman revelaron en comunicaciones telefónicas intervenidas que estaban en la sede del Gobierno; y lo mismo con el Ministerio de Planificación Federal, por ejemplo.

El magistrado Rafecas consideró, en cambio, desestimó en ese momento la denuncia de Nisman reimpulsada por Pollicita.

Tras dos años de dilaciones, en diciembre pasado, la Cámara de Casación Penal Federal ordenó reabrir el caso. Pollicita volvió a ser el fiscal del caso, esta vez con Lijo como juez.

La inclusión de Zannini, Parrilli y De Vido entre los nuevos investigados en esta historia ya habían sido mencionados como probables imputados por Nisman en su denuncia del 2015.

En su escrito dado a conocer el miércoles 14 de enero de ese año, el fiscal de la causa AMIA había explicitado que “por otra parte, la investigación deberá tambión determinar el rol exacto que le cupo a ciertos individuos respecto de quienes, prima facie, se cuenta con elementos que permiten colegir que no resultan ajenos a la maniobra delictiva denunciada, entre los cabe mencionar al Ministro de Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios de la Nacion, Arquitecto Julio De Vido”.

Y agregó que su lista de investigados podía ampliarse tras las primeras acciones que tomaría en el caso: “Corresponde a la pesquisa aquí propiciada la individualización y la determinación de la responsabilidad penal que en los hechos delictivos denunciados pudieron haber tenido todas aquellas personas -funcionarios o no- que intervinieron en la elaboración, negociación, concreción y consumación del acuerdo firmado con la República Islámica de Irán, como una de las vías para lograr la impunidad. Esto incluye tanto a aquellos cuyos roles fueron de público conocimiento, como a quienes eventualmente hayan participado sin que su intervencion haya tomado estado público”.

Entre las nuevas medidas que escribió en su dictamen están también un pedido al fiscal que investiga la muerte de Nisman, Eduardo Taiano: Pollicita quiere leer la segunda declaración que realize como testigo en ese expediente el ex Director General de Operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia, Antonio Stiuso.

Clarín pudo saber, en base a fuentes del caso, que este poderoso espía involucró, bajo juramento, a Zannini como uno de lo ex funcionarios que se reunion con el propio Nisman para exigirle que deje de investigar a los iraníes imputados por el atentado a la AMIA.

El nuevo fiscal de la denuncia también solicitió al Gobierno copias de todos los cables diplomaticos secretos de los representantes de nuestro país en “Irán –contraparte del pacto cuestionado-, Israel –país de las víctimas del atentado-, Siria -lugar donde se desarrolló la cumbre de Alepo-, Etiopía –país donde se firmó el Memorando de Entendimiento-, Venezuela –vinculado estrechamente a Irán-, Estados Unidos –lugar donde se encuentra la sede de las Naciones Unidas-, Suiza –país en el cual se desarrollaron encuentros tanto para negociar como para avanzar con el Memorando- y Francia –país de la sede central de Interpol-“. Estas son solo algunas de las medidas que Pollicita y Lijo quieren impulsar para recolectar más información a la que ya se encuentra en la denuncia del fallecido fiscal del caso AMIA, entre las que se destacan miles de horas de escuchas telefónicas.

Para Nisman, el “Memorando” con Irán no solo incluía la garantía de la Argentina de proteger a los iraníes acusados de haber atentado contra la AMIA, sino también un interés económico que se gestó a través de una diplomacia paralela: lograr que Argentina e Irán, a nivel gubernamental y privado, intercambien productos del agro nacional por petróleo iraní.

Nisman fue encontrado muerto, con un disparo en su cabeza, pasadas las 22:30 del domingo 18 de enero del 2015. Los lineamientos de su denuncia fueron presentados ante la opinión pública el miércoles anterior a que ocurriera ese suceso de trascendencia nacional e internacional. Desde entonces pasaron setecientos cincuenta y ocho días.

La denuncia del fiscal del caso AMIA por encubrimiento de un delito de lesa humanidad, formalmente, se reabrió. La instruye Pollicita. Y la supervisa Lijo. Tanto el fiscal como el juez investigaron al funcionariado K cuando Cristina Kichner era Presidenta. Y tenía poder.

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