El empresario Carlos Wagner que declaró como “arrepentido” en la causa de los cuadernos y bolsos K involucró directamente a la ex presidenta Cristina Kirchner como jefa del sistema de recaudación ilegal que él mismo contribuyó a armar.

El ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción declaró que tanto el ministro de Planificación Federal de los Kirchner, Julio De Vido, como la propia Cristina sabían de los pagos ilegales que recolectaba Baratta. El viernes a la tarde habló cuatro horas frente a Stornelli, quien lo convenció de acogerse a la figura del “arrepentido”.

En la Justicia consideran que ese testimonio es crucial para la causa.

La senadora con fueros Cristina Kirchner deberá presentarse ante el juez Claudio Bonadio en calidad de imputada como jefa de una asociación ilícita que juntó alrededor de 160 millones de dólares por fuera del circuito legal. Wagner aportó su testimonial que complica a la ex presidenta. Pero no es la única prueba que habría en el expediente en contra de Cristina.

El ex jefe de la Cámara de la Construcción pasó esas cuatro horas frente a Stornelli detallándole cuál había sido rol en la llamada “cartelización” de la obra pública.

Siempre según su versión, a la que los investigadores consideran verosímil y comprobable y en parte comprobada, las constructoras que ganaron licitaciones de obra pública durante la era K estaban adjudicadas de antemano y todos los participantes de esos procesos administrativos lo sabían. Incluso el Gobierno.

Wagner tenía -al menos hasta el viernes- una vieja relación de amistad con la familia Kirchner.

En su declaración como “arrepentido” afirmó que la distribución “trucha” de parte de los fondos estatales que sus colegas ganaban gracias a los contratos multimillonarios para construir infraestructura volvía a los Kirchner a modo de coimas o sobornos para poder continuar formando parte de ese “club” de beneficiados y beneficiarios. Según los investigadores, Wagner dijo que Cristina estaba al tanto de todo lo que pasaba y hasta sabía al detalle de cómo marchaba la “recaudación” entre empresarios que ejecutaban Baratta y otros.

Wagner habló tanto frente a Stornelli que,en un momento, la charla se interrumpió para que ambos comieran sandwiches de miga comprados en la confitería “Dos Escudos”, ubicada cerca de la Plaza San Martín.

Otra declaración también aportó datos clave para la investigación y apuntó al Gobierno kirchnerista. Quien la protagonizó es accionista de un holding argentino que se ramificó a diferentes países del mundo, dedicado hace un siglo a la construcción, la energía y otros rubros, como el transporte.

Se trata de Aldo Roggio, del grupo empresarial BRH, concesionario de subtes, recolección de basura y ganador de contratos de obra pública desde 1908. Clarín pudo saber, en base a fuentes judiciales, que Roggio admitió que pagó a ex funcionarios K de Planificación Federal. En especial a Roberto Baratta, montos de alrededor de cien mil dólares y de cincuenta mil dólares. Roggio las llamó “contribuciones exigidas” para la campaña electoral y dijo que fue “dinero propio a título personal”.

Roggio aclaró que lo hizo en diferentes etapas, y siempre por presiones del Gobierno K y por temor a las “represalias” sobre sus empresas de parte de una administración de “neto corte autoritario”. El empresario había sido imputado por el juez Claudio Bonadio como miembro de la asociación ilícita cuyo liderazgo fue ejercido por Cristina Kirchner, tal como determinó el magistrado.

El empresario iba a declarar en indagatoria el próximo martes pero adelantó los tiempos. El viernes se presentó en la fiscalía de Carlos Stornelli, con quien acordó ayudar a la Justicia en calidad de “arrepentido”, o de “imputado colaborador”, como se llama a esa figura de modo juríodico. Roggio también habló del ex súper ministro Julio De Vido como parte crucial de la recaudación ilegal K. El remisero de Baratta, Oscar Centeno, registró en sus cuadernos que el 28 de mayo del 2010 pasó a buscar a su jefe por “Tucumán 410” porque ahí Baratta y el ex secretario Legal y Técnico de De Vido, Rafael Llorens, se habían reunido “con Roggio”.

Según reconstruyeron fuentes de la Justicia que estudiaron el expediente de los cuadernos, las pruebas recolectadas en contra de la ex presidenta serían rotundas. Exceden a las declaraciones de Roggio, Wagner o Centeno.

En la Justicia también remarcaron como un aporte de importancia para la “causa cuadernos” a la indagatoria del ex jefe de Gabinete K, Juan Manuel Abal Medina. En rigor, el ex senador presentó a modo de defensa un escrito en el juzgado de Claudio Bonadio. Abal Medina confirma en ese texto parte de otros escritos, los de Centeno. Ocurre que el ex funcionario admitió que, tras un llamado informal de Baratta, tanto él como uno de sus subalternos, Hugo Horacio Larraburu, recibieron bolsos con plata en la Casa Rosada. Es lo que había narrado el remisero memorioso.

Abal Medina, que dejó asentado ante la Justicia que podría “ampliar” sus revelaciones, defendió a Larraburu diciendo que actuó siempre por orden suya. Y admitió que éste último se había reunido con Baratta para ir a buscar la plata.El ex jefe de Gabinete se defendió afirmando que no sabía que esos bolsos con dinero en efectivo tenían origen ilegal.

En un allanamiento a la casa de Larraburu, operativo en el que el ex funcionario fue detenido, se encontraron archivos de Excel donde se puede leer muy bien -siempre según fuentes judiciales- quiénes terminaron siendo los destinatarios de la plata de los bolsos de Baratta entregada en la propia Casa de Gobierno.

En los tribunales llamó la atención el modo en que un directivo de una compañía que creció únicamente bajo la gestión de los Kirchner, Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, se negó a aceptar declarar como arrepentido, aunque de ese modo hubiese quedado en libertad. Delante de varios testigos, Ferreyra dijo que nunca aceptaría un trato así porque él “no entregaba compañeros”. Agregó que era “militante del kirchnerismo” y que se había formado en el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo, agrupación de lucha armada de los ’70.

Ferreyra, que solía fabricar tableros eléctricos hasta la llegada del kirchnerismo al Gobierno, “aclaró”, si es que el término es válido, que él jamás participó de este esquema de reparto de dinero porque nunca hubiese aceptado, por alguna cuestión que dio a entender como de sentido nacionalista, que la plata repartida fueran “dólares”. Siempre según las fuentes consultadas sobre esa escena, Ferreyra agregó, palabras más, palabras menos, y no tan lúcido quizás, que “si hubiesen sido pagos en pesos entonces era otra cosa…”.

Hasta ahora, la ex Presidenta hizo silencio sobre la causa en la que deberá declarar.

Es probable que los investigadores la esperen con sorpresas.

Pruebas desconocidas.