La interventora de la sucesión de Néstor detectó movimientos extraños

La interventora de la sucesión de Néstor detectó movimientos extraños

La interventora judicial que administra hoy los bienes de los Kirchner encontró movimientos bancarios y operaciones que llamaron poderosamente su atención. Así surge del primer informe de la licenciada Raquel Moyano, designada por el juez federal Claudio Bonadio para ser los ojos de la Justicia en el patrimonio de la ex familia presidencial y para administrar los activos que integraron la sucesión de Néstor Kirchner .

Cumplidos casi dos meses de la intervención, Moyano le enfatizó al juez: “Nada he administrado dado que carezco de información tanto de ingresos como de cuentas a pagar”. Señaló que la cuenta bancaria vinculada a la sucesión estuvo activa y con importante flujo de dinero hasta el 31 de diciembre último, pero que dejó de operar repentinamente en enero.

Según el informe, en esa cuenta bancaria, radicada en el Banco de Santa Cruz, ingresaban todos los meses “varias sumas iguales”, presuntamente por el alquiler de inmuebles. Según la denuncia que presentó ayer la diputada Margarita Stolbizer (GEN), en esa cuenta la ex familia presidencial recibió ingresos por poco más de un millón de pesos mensuales durante 2016, con excepción del 2 de septiembre del año pasado, cuando esa cifra se disparó a $ 6.829.065, con un giro de origen desconocido.

Una posibilidad es que esa suma se deba a la rescisión del contrato de alquiler que los Kirchner tenían con la familia Relats por la renta de un hotel boutique en el Sur. Según pudo conocer LA NACION, cuando finalizó el convenio hubo un reclamo por una diferencia por la cotización del dólar, que se tradujo en un pago final mayor.

Moyano confirmó que todos los inmuebles familiares hoy están registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner. Es que, cuando estaba rodeada por el cerco judicial, Cristina Kirchner les cedió todos los bienes a sus hijos. Son los activos conyugales de los ex presidentes, que incluían 25 inmuebles.

Ésa habría sido la primera maniobra para eludir la Justicia. El segundo paso, tal como reveló el diario Clarín, fue la constitución de un condominio a nombre de Máximo y Florencia con CUIT para administrar los inmuebles.

Para Moyano, es posible que los hijos del matrimonio Kirchner dispongan hoy del usufructo de los inmuebles fuera del radar judicial. “Que los alquileres que se pagaban vía depósito en la cuenta de la sucesión dejaran de ingresar sólo puede obedecer a una instrucción de los propietarios, que han resuelto percibirlos en forma directa”, dijo.

La interventora pidió así al juez que le indique cómo obrar con los locatarios y recomendó averiguar en el BCRA posibles nuevas cuentas a nombre de los Kirchner.

Según la administradora de la sucesión, no todos los inmuebles que integraron la sociedad conyugal de los Kirchner figuraron en la herencia. Hay tres propiedades de Néstor cuyo rastro se perdió. Se trata de un local de 234 metros cuadrados ubicado en la calle 25 de Mayo al 100 de Río Gallegos y una casa de 150 metros cuadrados ubicada a tres cuadras de allí. También se refirió a un terreno de 1,8 hectáreas, que hoy es un baldío, en la zona del aeropuerto viejo de El Calafate.

A la inversa, el expediente sucesorio acreditó un departamento que no fue incluido en las declaraciones de Bienes Personales de los Kirchner. Es un inmueble en la Capital Federal, ubicado sobre Juncal al 2100, que la ex presidenta tenía en Recoleta y que según la administradora nunca tributó impuestos.

En su escrito, la interventora le informó al juez Bonadio que requirió a los bancos de Santa Cruz, Nación y Galicia información sobre el origen y el destino de los fondos que circularon por la sucesión.

A mediados de diciembre, Bonadio también nombró interventores en la firma Los Sauces SA y en las compañías de Cristóbal López y Lázaro Báez. La sospecha es que los fondos que circulan entre estos cuatro actores responden a maniobras de lavado de dinero que involucrarían a la ex familia presidencial.

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