Extinción de dominio: Una medida con fuerte impacto en la causa de los cuadernos

Extinción de dominio: Una medida con fuerte impacto en la causa de los cuadernos

A las consecuencias jurídicas de la causa de los cuadernos de las coimas , que ya cuenta medio centenar de procesados por cohecho y asociación ilícita, se sumó ayer un efecto patrimonial importante.

Cuando empiece a regir la nueva herramienta regulatoria que el presidente Mauricio Macri decidió por decreto, los jueces y fiscales que impulsan causas de corrupción deberán confeccionar y enviar listados con procesados y bienes. Con ellos se iniciarán los juicios para recuperar los activos que se compraron con dinero producto de la corrupción, entre otros delitos.

La investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadio y que impulsan los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo podría ser una de las más activas en materia de búsqueda, cambio de dueño y venta de bienes.

Al igual que lo que sucedió con la ley del arrepentido, que hizo camino al andar en este expediente, la nueva estructura de recuperación de activos también construirá la huella en esta causa.

Las particularidades de este juicio son varias. La primera es que hay involucrados tanto empresarios como exfuncionarios. Todos serán parte de alguna lista judicial que será mirada con vista de relojero por el fiscal que se haga cargo de la nueva dependencia del Ministerio Público.

Claro que la línea de partida de los hombres que pasaron por la función pública y los empresarios es muy distinta.

Félix Lonigro, abogado especialista en derecho constitucional, estimaba ayer que no son lo mismo unos que otros. Los exfuncionarios, cuyos ingresos en blanco son relativamente fáciles de estimar, tendrán más dificultades. No es tan fácil justificar algún que otro bien que esté por encima de las posibilidades económicas o financieras del investigado.

Con los empresarios la cosa es más compleja. Ellos, pagadores de la coima, recibieron algún tipo de contrato del Estado como para generar el dinero para la devolución de favores. Ese contrato, claramente, produce beneficios. Tantos que servían para entregar entre el 15% y el 20% del total en la ventanilla de al lado de la que cobraban. Deberá el fiscal probar que un determinado bien fue comprado con dinero sucio. Pero sucede que si el empresario hizo la obra, probablemente haya generado alguna ganancia. Por lo tanto, la prueba se complejiza.

Sin embargo, si este fiscal tiene las herramientas que debiera -posibilidad de cruzar bases de datos impositivas, bancarias y el acceso para trabajar con la Unidad de Información Financiera (UIF)-, las chances de llegar a destino mediante la detección de inconsistencias aumentan considerablemente.

 

Qué se podría encontrar. En el caso de los cuadernos hay mucho dinero ya detectado y centenares de bienes que podrían empezar a marcar el rumbo una vez nombrados los funcionarios judiciales que se encargarán del nuevo proceso de extinción de dominio.

Carlos Wagner , líder durante gran parte del kirchnerismo de la Cámara Argentina de la Construcción, podría empezar a despedirse de algunos activos. Por ejemplo, centenares de cuadros que fueron encontrados en un departamento vacío a su nombre podrían ser sacados a la venta. Tendrá un problema el constructor: no son pocos los que afirman que no eran de él y que solo prestó un lugar. Además, justamente a este empresario le encontraron una cuenta en el exterior con 20 millones de dólares.

También hay cuadros de la casa de la expresidenta Cristina Kirchner . La pregunta es si el nuevo funcionario se animará a rematar esas obras aún sin sentencia. Queda planteado.

Pero algo más. En el caso de avanzar con las pinturas, la fiscalía de recuperación de bienes tendrá que establecer la legitimidad de esos cuadros y pedir todos los informes necesarios para establecer quién es el titular. Se avanzará en un camino inexplorado: saber si son comprados en el mercado blanco o no. Por ahora, priman los oscuros en esas obras.

Hay algunos empresarios que deberán empezar a preocuparse. Por caso, según un informe de la AFIP que ya está en el juzgado de Bonadio, el empresario Carlos Mundin, número uno de la empresa constructora BTU, tiene algunas inconsistencias en su declaración impositiva de 2016. Ese período incrementó fuertemente su tenencia accionaria en diferentes compañías. La correlación de fechas es interesante: en diciembre de 2015 cobró alrededor de $1000 millones por un gasoducto en Santa Cruz que nunca se realizó.

Desde hace meses, varias personas que visitan al Presidente lo escuchan decir que no era posible que no se encuentre el dinero en la causa de los cuadernos. En la Justicia se enteraron y empezaron a confeccionar una lista de bienes de todo tipo incautados en los allanamientos.

Ahora hay una herramienta nueva que seguramente deberá pasar algún control de constitucionalidad. Será este nuevo fiscal el que tenga que lidiar con los planteos de políticos y empresarios a los que les cueste desprenderse de los bienes. Pero, sin duda, para que sea efectiva deberán sortear la valla más importante: lidiar con testaferros, verdaderos laberintos que los corruptos construyen para esconder la plata sucia.

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