Coimas: Cristina recibió en su departamento de Recoleta 87 entregas por U$S 69.722.600

Coimas: Cristina recibió en su departamento de Recoleta 87 entregas por U$S 69.722.600

La Justicia volvió a señalar a la ex Presidenta como jefa de una asociación ilícita. Junto con ella, el juez Claudio Bonadio procesó a otros 41 imputados entre ex funcionarios y empresarios. Se los señala de haber integrado un organización delictiva entre 2003 y 2015 que se dedicó a poner en marcha un sistema de recaudación de fondos ilegales.

En el escrito, Bonadio juntó pruebas para ubicar a Cristina en el centro de la escena de la trama de la corrupción. Y destaca un dato demoledor: sólo en el departamento de Uruguay 1306 en Recoleta donde hoy vive “se hicieron 87 entregas por U$S 69.722.600”, indica la resolución. Además, Bonadio insistió con la existencia de una “bóveda en el domicilio de El Calafate”.

Los ex funcionarios del extinto Ministerio de Planificación, como una veintena de empresarios, quedaron procesados por haber integrado una “asociación ilícita, junto con otras personas aún sin identificar, la cual desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015”.

La finalidad de esta gran maniobra fue “organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”. Para concretar el funcionamiento de esta estructura, según el juez Bonadio todos aprovecharon “su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.-

“La asociación ilícita fue comandada por Néstor y Cristina Kirchner”, resolvió el magistrado, y detalló “quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina, entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente”.-

Entre las acusaciones contra la ex mandataria, se señaló que el dinero recaudado se entregaba “alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo sus secretarios privados en Uruguay 1306”, es decir “el domicilio particular” del matrimonio Kirchner. Pero además, se señaló que parte de este dinero fue “redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”.-

Los organizadores de esta maniobra fueron -para la Justicia- Julio De Vido y Roberto Baratta, quienes desde sus respectivos cargos “se encargaban de que se realizaran los cobros comprometidos”. Los cobros fueron recaudados principalmente por el ex secretario Coordinador y su secretario privado, Nelson Lazarte. También participaron “activamente de este sistema de recaudación recibiendo pagos” otros ex funcionarios del ministerio de Planificación. Todos fueron transportados por Oscar Centeno, el ex chofer que con sus ocho cuadernos dio origen a la causa.

El “dinero ilegal recaudado” tenía como finalidad “el enriquecimiento” de sus principales responsables -los ex presidentes, De Vido y Baratta-, y a su vez utilizar parte de los fondos “en la comisión de otros delitos”. Todo fue perpetrado con la participación de las principales autoridades del país y otros ex funcionarios y por supuesto, los empresarios beneficiados con contratos y/o concesiones, como también subsidios como consecuencia del pago de sobornos.

Los mecanismos de recaudación de coimas que después se trasladaba a importantes “sobreprecios en la obra pública”, surgen como parte de un “mecanismos instaurado durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner” para “obtener ilegalmente fondos, mediante la cartelización de la obra pública” que según Bonadio “continuó durante la presidencia” de la actual senadora.

Así, el Juez de la causa determinó que a raíz de varios testimonias recabados “se deja de manifiesto que las maniobras no fueron sucesos aislados” sino que fueron parte de un “claro mecanismo ilegal de recaudación” que tuvo como principales responsables a los ex presidentes.

Para Bonadio, Néstor Kirchner puso en funcionamiento este “sistema ilegal de recaudación” pero tuvo continuidad durante los mandatos posteriores de Cristina Kirchner “hasta los últimos días de su mandato”.

También, se detallaron entregas de dinero a la Quinta de Olivos donde varios testimonios dieron cuenta de la presencia y conocimiento de la ex presidenta sobre dichas recaudaciones ilegales.

Por ello el juez concluyó que “desde el fallecimiento de Néstor Kirchner, únicamente cambió el sistema de recaudación ya que dejaron de llevarse los bolsos con dinero” al departamento del barrio de Recoleta “pero las empresas continuaron entregando dinero a los funcionarios del ex Ministerio de Planificación”, manteniendo “como destinataria final del dinero a Cristina Kirchner”.

Asimismo, en la resolución se detalló que al realizarse los allanamientos en la residencia de El Calafate “se encontró en el subsuelo una bóveda que si bien su entrada tenía una puerta de madera el contramarco de la misma era de acero y del testimonio del arquitecto Jorge Soler y del ingeniero Alberto Groba se determinó que hubo una “puerta blindada”.

En contra de Cristina Kirchner se ponderaron los testimonios de algunos empresarios como Gabriel Romero quien dijo que pagó 600.000 dólares por un Decreto firmado por la entonces Presidenta para la extensión de la concesión de Hidrovías SA.

Sobre todo se contemplaron las palabras de José López, quien dijo que la senadora tenía “conocimiento del sistema de recaudación” y que el mismo “continuó una vez fallecido Néstor Kirchner”.

Para Bonadio el “sistema de recaudación” contaba con una serie de “puntos fijos” donde los funcionarios se reunían con los empresarios, de quienes recibían dinero en efectivo principalmente en moneda estadounidense. Esos lugares de reuniones eran estacionamientos públicos o privados, hoteles, pases de dinero de automóvil a automóvil. Pero hubo un episodio que modificó la organización.

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